La Comisión Europea va a poner en marcha medidas legales contra las empresas deslocalizadas, las cuales consisten en aquellas personas jurídicas que se establecen en un Estado miembro distinto al que se reside, no para trabajar en él, sino para seguir trabajando en su país pero con un diferencial de costes social importante. En resumen, el conocido como Dumping social.
La Comisión Europea ha confirmado que a lo largo de este trimestre presentará las medidas legislativas para intentar poner coto a la situación de competencia desleal y dumping social que ejercen las empresas deslocalizadas sobre las que no lo están, suponiendo uno de los mayores riesgos para la supervivencia de gran parte de las empresas en las áreas geográficas en las que trabajan, por la imposibilidad de competir con ellas en precio debido a la gran diferencia de coste social entre las empresas deslocalizadas y las no deslocalizadas.
Entre las medidas que propondrá la Comisión Europea, se endurecerá la actual regulación de acceso a la actividad de transporte por carretera, exigiendo a las empresas deslocalizadas que tengan una actividad real económica en el Estado miembro en el que han localizado una empresa buzón, como se las conoce hasta ahora.
Ya es conocido de todos los intentos que algunos Estados Miembros han hecho para poner límites en sus países a la deslocalización y al cabotaje ejercido por empresas de los países del Este de Europa (donde el coste social de los conductores resulta bastante inferior al de los países occidentales), como el salario mínimo en Francia, Holanda, Bélgica, Alemania o Italia o la creación de la Alianza por la Carretera integrada por nueve países, y de la que España, inexplicablemente, no forma parte, a pesar de las críticas de organizaciones empresariales que llevan años denunciando el alto riesgo que para el sector de transporte español supone la competencia ejercida por las empresas deslocalizadas.